Recientemente en la Ruta Nacional A012 (a la altura de la Autopista Rosario-Buenos Aires) un camión cisterna derramó 4000 litros de ácido clorhídrico, propagando por la zona una nube de humo blanco altamente tóxica. Este compuesto es cáustico y altamente corrosivo, por lo que representa un alto riesgo para la salud, debido a los daños graves e inmediatos que pueden causar en los tejidos.
Ante un nuevo accidente vinculado al manejo indebido de las sustancias químicas, el presidente del Consejo Profesional de Química de la provincia de Buenos Aires, Dr. Carlos Colángelo, volvió a reiterar la “necesidad de que se legisle, se regule y se procure el cumplimiento de la ley en toda actividad vinculada al ejercicio de la profesión”, agregando que “las autoridades gubernamentales deben arbitrar todas las medidas necesarias para ejercer los controles pertinentes sobre la actividad química, asegurando que la misma se desarrolle bajo la ejecución y supervisión de personal idóneo, capacitado y debidamente matriculado, tal cual lo estipula la Ley provincial 7020”.
En varias oportunidades, desde el Consejo Profesional se ha advertido que, estos funestos episodios, se suceden de manera habitual en distintos puntos de la provincia de Buenos Aires y otros puntos del país , abarcando un amplio espectro de impacto que va desde el ámbito cotidiano al circuito productivo/industrial, en un marco de desregulación y ausencia de controles. Así, desde nuestra entidad, se han reportado incendios en departamentos en la fabricación de repelentes caseros, la manufactura “amateur” de productos cosméticos y de limpieza, la comercialización de raticidas con forma de caramelos, derrames tóxicos en el transporte negligente de sustancias, o explosiones en fábricas como el acaecido meses atrás en la planta de Atanor, en la localidad de San Nicolás.
En este marco, Carlos Colángelo detalló que “en países como Reino Unido, el uso de sustancias como el Ácido Clorhídrico está estrictamente regulado porque, entre otras cosas, puede ser implementado para perpetrar actos terroristas”, al tiempo que contrapuso este caso con la situación local, donde “es lamentablemente común que estas tareas sean llevadas a cabo por personal sin capacitación suficiente ni matriculación, siendo insuficientes los controles sobre el cumplimiento de los protocolos de seguridad, necesarios para garantizar el bienestar de la población y el ambiente”.
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